Por: José A. Cisneros Tirado.
El presente artículo es una revisión a casos de polarización y violencia política de género manifestados en los asesinatos de siete candidatas a puestos de elección popular en el proceso mexicano del año 2018.
El argumento versa en los elementos de polarización política como rechazo absoluto a propuestas, ideas y posiciones ideológicas entre actores del medio con posturas distintas, con manifestaciones en medios tradicionales y multimediales, en los diferentes ámbitos de la esfera pública. En cuanto a violencia política de género, se reconoce que comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen con prejuicios a una mujer por ser mujer, inhibiendo o coartando el ejercicio de sus derechos humanos y políticos (Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, 2017).
El texto plantea el aumento de la polarización política, entendida como el rechazo a nivel elemental sobre la validez del otro, que se expresa también en la violencia política de género, donde no se garantiza el derecho fundamental a la protección de la vida y de la participación política. Así, establecemos que la falta de consideración a temas de violencia política de género desenmascara el profundo rezago que existe en relación a este tema y lo indispensable que resulta promover la discusión de este fenómeno en el marco de la necesidad de crear un sistema político más inclusivo y donde las mujeres puedan competir por puestos de elección popular sin temor a su integridad física. Las partes que componen este capítulo incluyen marco teórico sobre polarización política, violencia política de género, una revisión del marco normativo respecto a este tema, el análisis de las notas sobre las candidatas asesinadas y algunas reflexiones finales respecto al tema.
Se hace una revisión del tema de polarización política y de la violencia política de género perpetrada en contra de siete candidatas asesinadas durante el ciclo electoral en México en 2018. Por una parte, la polarización política plantea la absoluta negación y el rechazo de propuestas, ideas o posiciones ideológicas entre actores con preferencias políticas adversas. Estas divergencias se expresan tanto en medios, redes sociales y en los diferentes ámbitos de la esfera pública y en diversos ámbitos de la sociedad. Por otra parte, la violencia política de género comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, inhibiendo o coartando el ejercicio de sus derechos humanos y políticos (Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, 2017).
En esta sección se plantea que el aumento de la polarización política, entendida como el rechazo a nivel elemental sobre la validez del otro, se expresa también en la violencia política de género, donde no se garantiza el derecho fundamental a la protección de la vida y de la participación política. Así, establecemos que la falta de consideración a temas de violencia política de género desenmascara el profundo rezago que existe en relación a este tema y cómo resulta indispensable promover la discusión de este fenómeno como parte de la lucha para crear un sistema político más inclusivo y donde las mujeres puedan competir por puestos de elección popular sin temor a su integridad física. Las partes que componen este capítulo incluye el marco teórico sobre polarización política, violencia política de género, una revisión del marco normativo respecto a este tema, el análisis de las notas sobre las candidatas asesinadas y algunas reflexiones finales respecto al tema.
La polarización política es un fenómeno que está ganando una mayor atención por parte del mundo académico actualmente, esto debido a la profundidad, diversidad y alcances de sus efectos. Revisaremos un tema de profunda relevancia para el proceso electoral de 2018 en México, la relación teórica existente entre la polarización política y los asesinatos de candidatas durante este periodo de elecciones. Entendemos polarización política como la radical separación de la sociedad con base en sus diferencias de opinión en torno a un tema, fenómeno o partido político. Esta radicalización imposibilita la creación de acuerdos o coincidencias parciales entre personas con visiones o preferencias políticas diferentes, lo cual no solo dificulta la relación entre ciudadanía y gobierno, sino que inhibe el diálogo o la mínima empatía entre dichas personas (Harvey, 2014).
Entendemos polarización política como la radical separación de la sociedad con base en sus diferencias de opinión en torno a un tema, fenómeno o partido político.
Las redes sociales pueden ser consideradas tanto un factor causal dentro de este proceso, como un elemento influenciado por este fenómeno. El contenido en redes sociales, como elemento indicativo de la polarización política, se caracterizada por estar fuertemente encuadrado bajo los sesgos ideológicos de la persona que lo comparte. De tal forma, rara vez se comparte una noticia o un suceso tal como ocurrió, sino se comparte la visión y la interpretación de la persona que lo reporta, ya sea un periodista de un medio establecido o simplemente un usuario con una fuerte opinión al respecto (Prior, 2013).
La existencia de sesgos es prácticamente imposible de evitar al reportar un suceso, sin embargo, la diferencia dentro del contexto de la polarización política que impera actualmente, radica en la utilización de una noticia o suceso para atacar, desprestigiar, condenar o rechazar cualquier expresión realizada por quienes tienen una orientación política diferente a la propia. El objetivo de compartir dichos materiales no es dar a conocer alguna información, sino básicamente confirmar la visión de las personas que consumen dichos materiales, con base en una interpretación específica del contexto que los rodea. El efecto de este fenómeno no solamente impera en la información compartida por las personas, sino que, como usuarios, limitan sus fuentes a aquellas que confirman su propia visión y sesgo acerca de un tema, pero también rechazan cualquier expresión por parte de medios que expresan una visión adversa. Consecuentemente, el manejo de la información, así como el medio, se convierten en parte de un manejo político, ya sea por parte de grupos que aspiran a llegar al poder, como por parte de la ciudadanía, generando brechas en el tejido social (Fiorina & Abrams, 2008).
Uno de los efectos inmediatos de la polarización en términos de la percepción se observa en términos de las reacciones ante los resultados electorales respecto a las visiones de los diferentes grupos que apoyan o rechazan a uno u otro candidato. De tal forma, las personas que apoyan al candidato ganador reafirman su certeza respecto a la visión que tienen sobre la sociedad, la economía y su país en general, al mismo tiempo que descartan la validez de cualquiera de las posiciones o propuestas del grupo o candidato rival. Para las personas que apoyaban al candidato perdedor, se llega a cuestionar la validez misma de los resultados electorales, aumentando la desconfianza no solo en las instituciones, sino en el sistema político en general, al mismo tiempo que sus posiciones se vuelven aún más recalcitrantes respecto a sus visiones como las únicas verdaderas o válidas (Harvey, 2014).
Un claro ejemplo en redes sociales respecto a este fenómeno se observa en Facebook. Con más de un billón de usuarios, las personas tienden a compartir contenidos que refuerzan su visión del mundo, así como a formar parte de grupos con agendas sociopolíticas similares. No obstante, ninguno de los videos, publicaciones, fotos y demás contenidos en Facebook tienen cualquier tipo de revisión o control respecto a su veracidad (Fiorina & Abrams, 2008). Lo que esto genera es una gran cantidad de “fake news” siendo compartidas masivamente, lo cual incrementa tanto la polarización, como el generar contextos de profunda desinformación, ambos actuando en contra de una consolidación democrática Con base en lo propuesto por O’Donnell, para poder alcanzar la consolidación democrática, es necesario que exista un estado de derecho plenamente funcional, lo cual requiere tanto de la protección de derechos políticos, libertades civiles, así como mecanismos de rendición de cuentas efectivos que aseguren la igualdad entre los ciudadanos, evitando abusos por parte de los organismos del estado. Con ello, la polarización política construye un profundo ambiente de desconfianza, especulación y desinformación entre la ciudadanía (O'Donnell, 2004).
La polarización política afecta la percepción de la sociedad sobre los asuntos públicos, sin embargo, su naturaleza virulenta no se limita a una simple descalificación, sino que efectivamente priva de cualquier validez racional o lógica a los argumentos de personas que apoyen corrientes ideológicas, actores o partidos políticos opuestos. La simplicidad en la descalificación y en la emisión de juicios de valor atrapa la atención de los ciudadanos, de tal forma, la ideología opaca al sentido común, la experiencia previa o el empirismo para formular opiniones sobre los asuntos públicos. Estos factores dificultan en gran medida la existencia de cualquier debate sustancial, imposibilitando la creación de acuerdos o consensos entre grupos opuestos en la sociedad (Baldassarri & Bearman, 2007).
De forma paradójica diversos estudios han concluido que la polarización en los Estados Unidos es menos profunda de lo que parece, en palabras de Fiorina (2005), los norteamericanos están, o estaban en ese entonces, cercanamente divididos, pero no profundamente divididos. El origen de la división de los norteamericanos se origina en que la mayoría de ellos son ambivalentes y no están seguros de muchas cosas, lo que los lleva a comprometerse débilmente y bajo protesta con los partidos políticos, así como sus candidatos y programas de políticas. Fiorina precisa aún más al establecer que los norteamericanos se dividen en dos bandos de forma simétrica cuando existen elecciones dado que simplemente no les importa, por lo que no votan, ya que de forma intuitiva buscan permanecer al centro del espectro político. Esto a pesar de que los candidatos busquen polarizar la opinión pública (Fiorina, Abrams, & Pope, 2005).
Las investigaciones hechas en Estados Unidos sobre la polarización de las élites políticas han demostrado que existe una correlación entre el tipo de políticas que se implementan y la división entre fuerzas políticas en los órganos del estado. De tal forma es posible inferir que mientras mayor distancia ideológica exista entre los partidos, mayor será la divergencia para poder desarrollar políticas públicas, sin importar su calidad inherente, siempre serán criticadas por el partido o partidos de oposición (Weiner & Pomper, 2006).
El otro aspecto, de mayor estudio en el mundo académico reside en el aumento en la polarización económica causado por la economía neoliberal global en las últimas tres décadas. De tal forma, DiMaggio (1996) y sus colegas consideran que los norteamericanos se ha vuelto más uniformes sobre aspectos específicos, tal como una mayor aceptación de un rol igualitario de la mujer en el entorno laboral, una mayor integración racial en la sociedad, así como un recrudecimiento sobre la necesidad de castigos más severos para personas que infrinjan la ley. No obstante, de acuerdo a estos autores, los norteamericanos también se encuentran mayormente polarizados respecto a otros temas como la legalidad del aborto o la actitud de las personas respecto de los pobres (DiMaggio, Evans, & Bryson, 1996).
A pesar de la común aceptación de la polarización de las élites políticas, no existe aún un consenso académico dentro de la academia respecto a los alcances de la polarización en la opinión pública de la sociedad civil en general. No obstante, existen dos aspectos que puntualizar respecto a este tema, en primer lugar, estos estudios fueron realizados de forma previa a la administración del presidente Trump, lo cual podría ser un factor determinante en el aumento de la polarización a reserva de volver a utilizar los instrumentos de las investigaciones antes citadas.
No obstante, para fines de analisis se considera que la polarización conlleva a la negación total del otro, el absoluto rechazo a la validez y en su caso a la aceptación de la existencia misma del otro. En las siguientes secciones exploramos la definición de violencia política de género, como se observa en los casos de candidatas asesinadas durante el periodo electoral de 2018 en México.
Violencia política contra las mujeres debido a su género.
En este capítulo se hace una revisión de los crímenes cometidos contra candidatas durante el periodo electoral 2018 en México. De tal forma, necesitamos hacer algunas precisiones conceptuales; la violencia política contra las mujeres según el Protocolo de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, las cuales tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”. Históricamente se ha luchado para poder abatir las brechas que existen en torno al respeto a la mismísima existencia de la mujer en la sociedad, tanto más a su participación dentro de la competencia política (Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, 2017).
Este tipo de violencia puede incluir desde violencia física, psicológica, simbólica, patrimonial, sexual y económica, hasta llegar al feminicidio. A la vez, este tipo de violencia puede presentarse en diferentes esferas, por ejemplo: la política, económica, social, civil, cultural, dentro de la familia o en cualquier relación interpersonal, incluso en el ámbito público y privado. La violencia también afecta a diferentes actores políticos, tales como: integrantes de partidos, aspirantes, precandidatos, candidatos, servidores públicos, autoridades gubernamentales, representantes de medios de comunicación, entre otros. A continuación se describen cinco elementos que deben estar presentes para identificar la violencia política contra las mujeres:
Elementos para identificar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género
En este estudio se realizó una investigación sobre las características que tuvieron los siete asesinatos de candidatas durante el periodo electoral 2018 en México en los diversos niveles de gobierno, revisando su procedencia, así como la cobertura que éstas tuvieron en la prensa nacional.
Definición de Violencia Política de Género
Entonces, partiendo de la definición jurídica, deseamos apuntar también la percepción teórica del concepto violencia política de género, mismo que según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)[1] parte del reconocimiento que todo acto violento contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales en materia de género, además constituye una violación a los derechos humanos, hecho que atenta directamente a la dignidad humana (Alanís Figueroa, 2017).
En la siguiente sección se revisa el estado del marco legislativo sobre esta temática.
Normatividad internacional y nacional
En la medida que las mujeres ocupan un mayor espacio en el ámbito político, han aumentado los múltiples casos de discriminación y violencia que intenta callar y limitar su creciente protagonismo político. Ante esta realidad y necesidad de ser atendidas, en 2015 la CIM (Comisión Interamericana de Mujeres) abrió una nueva área de trabajo para la prevención, atención y sanción de la violencia y el acoso, en el ámbito político: La CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer) por sus siglas en Inglés, con el fin de difundir y promover los derechos de las mujeres es el segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados Miembro de la ONU.
En este foro (2015) se emitió la Recomendación General No.35 sobre la violencia por la razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general No.19, bajo la cual las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. La violencia contra las mujeres trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de clase, raza o grupo étnico, nivel educativo y/o de ingresos, cultura, edad o religión y, por tanto, la eliminación de la violencia contra las mujeres es indispensable para su desarrollo y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida[2].
La conceptualización y tipificación legislativa de la violencia política contra las mujeres en razón de género en Latinoamérica, ha tenido un avance disímil, en Bolivia ya existe una ley específica en la materia. En Costa Rica, Ecuador, Honduras y Perú apenas se han presentado iniciativas. En México, este tipo de legislación se encuentra todavía ausente del marco jurídico, a nivel tanto estatal como federal (Lena Krook & Restrepo Sanín, 2016).
A este respecto, la participación de la mujer en la política, fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011, al referirse a la importancia de la participación política de las mujeres en todos los contextos, así como a la preocupación por los obstáculos que aún les impiden hacerlo en condiciones de igualdad con los hombres.
En cuanto a organismos internacionales, ONU Mujeres, como parte del sistema de Naciones Unidas, busca hacer cumplir y ampliar la paridad entre las mujeres y hombres en la representación política y la toma de decisiones. Como parte de su trabajo, se ha planteado los siguientes tres objetivos:
Fortalecer las capacidades de mujeres políticas –incluidas mujeres indígenas– a nivel nacional, estatal y municipal.
Incrementar el acceso de las instituciones federales electorales a conocimiento y herramientas clave para garantizar la implementación de las disposiciones relativas a la paridad y/ o las cuotas de género establecidas en la legislación electoral.
Impulsar consensos y acuerdos nacionales y estatales en torno a las reformas de paridad de género[3].
En México los logros son cada vez más notorios e importantes en la participación de las mujeres, para muestra, recientemente se llevó a cabo una reforma constitucional que garantiza la paridad en candidaturas al Poder Legislativo, tanto federal como local. La modificación es al artículo 41 de la Constitución[4], dando como resultado, la conformación de la legislatura más equitativa en cuanto a género, hasta ahora en el país.
Siguiendo en el ámbito nacional, en México, se ha creado el protocolo de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, mismo que surge a iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, En convenio con el Jurisprudencia 48/2016. En colaboración con el Instituto Nacional Electoral, organismo público autónomo constitucional, con la función de contribuir a la consolidación de la democracia. El instituto está obligado a promover, respetar y garantizar los derechos humanos (Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, 2017). Este protocolo tiene como propósito orientar a las instituciones y hacerles saber cuáles situaciones son consideradas como violencia política contra las mujeres, implementando la colaboración de instituciones internacionales, nacionales y locales.
En el contexto de México 2018, dentro de la contienda electoral, se renovaron más de 3,400 cargos, con la puesta en práctica de dos componentes recientemente aprobados en materia electoral, y relacionados con el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres: el principio de paridad (misma que fue abordada líneas arriba) y el derecho a la reelección.
En la siguiente sección se revisan los casos de violencia mortal contra candidatas en el periodo electoral en cuestión.
Violencia contra candidatas la elección de 2018 en México
El voto femenino es un ejercicio relativamente novedoso en la historia de México. El 17 de octubre de 1955 se efectuó por primera la participación de mujeres en la contienda electoral. La reforma constitucional de 1953 abordó la necesidad de expandir el número de participantes después que la ONU había hecho un llamado general afirmando que un país no podía considerarse democrático si más de la mitad de su población no participaba en la toma de decisiones (Galeana, 2014). Es interesante resaltar que en América Latina, México fue uno de los últimos países en conceder el voto a la toda ciudadanía[5]. Esto no solamente refleja la tardía aceptación de la participación de las mujeres en los diversos procesos electorales, sino que también expresa la falta de empatía hacia uno de los pilares de la democracia, la participación de ciudadanía por completo.
Con estos antecedentes, damos paso a la situación que nos ocupa: violencia mortal hacia mujeres candidatas. En la siguiente tabla se presentan los casos de candidatas asesinadas en las elecciones 2018 en México, de tal forma, la información ha sido recuperada de diferentes periódicos en su versión en línea. Como resultado de la indagatoria se encontró que en el periodo de campañas del proceso de elecciones 2018, siete mujeres candidatas a cargos populares fueron asesinadas. Los siniestros sucedieron en distintos estados de la República mexicana, como Puebla (Juana Iris Maldonado), Oaxaca (Pamela Terán), Chihuahua (Liliana García), Michoacán (Maribel Barajas Cortés), Guerrero (Antonia Jaime Moctezuma y Dulce Rebaja Pedro) y Quintana Roo (Rosely Magaña Martínez), como se aprecia, no son típicos de una región del país, sino que sucedieron tanto en la zona centro como norte y sur.
De estas siete mujeres, cuatro contendían por una diputación y tres para una regiduría. En cuanto a su militancia política, tres de ellas formaban parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dos más estaban con el Partido Verde Ecologista de México (VERDE) y las últimas dos con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Se encontró una constante en la herramienta utilizada para efectuar los atentados que fue armas de fuego en seis casos y el caso restante con arma blanca. Además, junio fue el mes con más siniestros registrados con tres, le sigue febrero con dos y abril y mayo presentan un caso respectivamente.
En las siguientes tablas se muestran los datos recopilados alrededor de estos lamentables casos, en todos ellos podemos ver la sucesión de hechos con exceso de violencia, presumiblemente perpetrados por miembros del crimen organizado, en la mayoría de ellos efectuados con armas de alto calibre y siempre de manera brutal. Así mismo podemos observar que estos asesinatos se cometieron en zonas rurales, de alta marginación y con vasta presencia de grupos pertenecientes al crimen organizados y al tráfico de drogas. También, se especula sobre la existencia de temas de venganzas personales o relacionadas con conductas ilícitas. Destaca que la cobertura mediática se centra en el hecho del asesinato a un actor político, más que detallando el hecho de que se tratara de un feminicidio.
Con ello podemos observar que existe aún un profundo rezago en la reflexión sobre el análisis y cobertura mediática de la violencia política de género, dado que en ninguna de las notas se habla de la existencia de este fenómeno. La narrativa se centra en expresar que se trató de las elecciones más violentas de la historia, sin focalizar atención a que son crímenes en contra de candidatas que buscaban acceder al poder político, dentro de contextos tradicionalmente adversos para la mujer. De tal forma, resulta indispensable considerar este elemento tanto en el encuadre como en la discusión social de este tipo de eventos en contra de las mujeres.
Cómo se ha mostrado a lo largo de este capítulo, el asesinato político de género, entendido como la negación de la validez del otro, consecuencia innegable y extrema de la polarización política, se expresa en diversas formas y en distintos grados, sin embargo, en este caso las consecuencias son mortales para las candidatas en diversas partes de México en el periodo electoral 2018. De tal forma, hemos revisado que, a mayor polarización, se reduce la posibilidad de construir cualquier tipo de diálogo o acuerdos entre partes con orientaciones políticas adversas. Esto representa la antítesis de la democracia, dada que, de la deliberación, la confrontación ideológica y de la conformación del diálogo político es que podemos aspirar a avanzar en el proceso de consolidación sociopolítica necesaria para generar una sociedad más inclusiva y más participativa.
Tal como se pudo observar en las notas analizadas sobre los asesinatos de mujeres candidatas durante el ciclo electoral 2018, existe aún un profundo rezago respecto a la discusión y análisis de la violencia política de género.
Este fenómeno se encuentra completamente ausente tanto en la cobertura mediática como en la búsqueda por garantizar las condiciones mínimas indispensables en las que las mujeres puedan competir por puestos de elección popular, fallando el estado al proteger el derecho más elemental, la garantía de la vida y el bienestar personal en el ejercicio de los derechos políticos de todos los ciudadanos. ( Krook Mona & Restrepo Sanín, 2016)
Bibliografía
Krook Mona, L., & Restrepo Sanín, J. (ene-jun. de 2016). Género y violencia política en América Latina. Conceptos, debates y soluciones. Obtenido de Scielo. Polítca y gobierno. Polít. gob vol.23 no.1: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372016000100127
Abramowitz, A., & Saunders, K. (1998). Ideological realignment in the U.S. electorate. Journal of Political Economy, 634-652.
Alanís Figueroa, M. d. (2017). Violencia Política hacia las Mujeres. Respuesta del Esatdo ante la falta de una ley en México. Obtenido de Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4735/15.pdf
Ansolabehere, S., Rodden, J., & Snyder, S. (2006). Purple America. Journal of Economic Perspectives, 97-118.
Bafumi, J., & Shapiro, R. (2007). A new partisan voter. New York: Columbia University.
Baldassarri, D., & Bearman, P. (2007). Dynamics of Political Polarization. American Sociological Review, 784-811.
Bartels, L. (2006). What's the matter with What's the Matter with Kansas. Quarterly Journal of Political Science Journal, 201-26.
Binder, S. (2007). Consequences for the courts: polarized politics and the judicial brand. En P. Nivola, & B. D, Red and Blue Nation? (págs. 107-33). Washington DC: Brookings Institute.
CEPAL. (2007). El aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe. Quito : Naciones Unidas CEPAL.
DiMaggio, P., Evans, J., & Bryson, B. (1996). Have Americans' social attitudes become more polarized . American Journal of Sociology, 690-755.
Dixit, A., & Welbull, J. (2007). Political polarization. Proceedings of the National Academy of Sciencies of the United States of America , 7351-7356.
Fiorina, M., & Abrams, S. (2008). Political Polarization in the American Public. Annual Review of Political Science, 563-588.
Fiorina, M., Abrams, S., & Pope, J. (2005). Culture Wars? The Myth of polarized America. New York: Pearson Longman.
Galeana, P. (2014). Introducción. En P. Galeana, G. Cano, R. Valles, E. Tuñón , L. Melgar , D. Selene de Dios, & M. Hernández , La Revolución de las Mujeres en México (pág. 7). Distrito Federal: INEHRM.
GE. (s.f.).
Harvey, K. (2014). Encyclopedia of Social Media and Politics. Thousand Oaks: SAGE Publications.
Lena Krook, M., & Restrepo Sanín, J. (Enero-junio de 2016). Género y violencia en América Latina. Conceptos, debates y soluciones. Obtenido de Scielo Polít. gob vol.23 no.1 México: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-20372016000100127
O'Donnell, G. (2004). The Quality of Democracy: Why the Rule of Law Matters. Journal of Democracy, 32-46.
Prior, M. (2013). Media and Political Polarization. Annual Review of Political Science, 101-127.
Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación. (2017). Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ciudad de México: TEPJF.
Vo. (s.f.).
Weiner, M., & Pomper, G. (2006). The 2.4% solution: What makes a mandate. Forum, 1540-8884.
